Un 20% de renovables en 2020: ¿Nos pasamos de optimistas?

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Luis Meyer

La situación de España para cumplir con los objetivos europeos de 2020 adquiere notas aún más desalentadoras después del último revés del Banco Mundial. Aunque también puede ser el acicate para tomar, por fin, medidas eficaces y afrontar una meta muy ambiciosa: lograr que en cuatro años el 20% de la energía consumida proceda de fuentes renovables.

La corte internacional de arreglo de diferencias del Banco Mundial, (Ciadi) ha fallado, tras el proceso de arbitraje, contra  los recortes aplicados desde 2010 a las energías renovables, y da así la razón a la firma británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg. El problema no radica solo en los 120 millones de indemnización, más intereses, que España debe pagar a esta compañía, sino que hay una treintena de procesos de índole similar esperando sus respectivos fallos en próximas fechas.

¿Objetivo inalcanzable?

Según los últimos datos de Eurostat, en 2015 el porcentaje de energías provenientes de fuentes renovables fue del 16,2% (por debajo del que había estimado el Gobierno). Escalar este casi 4% en los próximos años debería estar en las agendas de todos los partidos políticos. El uso de renovables no solo rebaja la polución ambiental: también mejora nuestra economía. En primer lugar, disminuye nuestra dependencia energética. Y, además, reduce -o puede llegar a eliminar definitivamente- lo que España debe de pagar en derechos de carbono a la UE por el exceso de emisiones de CO2: el año pasado, en torno a los 100 millones de euros por las 14 millones de toneladas de gases nocivos vertidas a la atmósfera. Entre 2008 y 2012, España invirtió 800 millones en comprar derechos de CO2.

Hoy tenemos algunos datos que invitan al optimismo: la industria de las energías renovables ha sido zarandeada en la última década según los vaivenes políticos de cada momento, pero curiosamente ha permanecido a flote e, incluso, ha salido reforzada. Como una especie en peligro de extinción: o muta, o muere.

En 2007, el Gobierno aplicó una serie de generosas subvenciones y exenciones para la implantación de plantas de energía solar y fotovoltaica. La crisis llegó solo un año después, y ya en 2010 no solo se les retiraron todos sus derechos adquiridos con efecto retroactivo sino que se les puso aún más dificultades que a las generadoras de energía por combustibles fósiles. Una medida proteccionista para la industria tradicional, al fin y al cabo, activa desde hace más tiempo y, por tanto, generadora de más puestos de trabajo.

Todo esto provocó que el capital huyera en masa de la industria de las renovables… Aunque no se fue muy lejos. Después de una bajada en picado hasta 2014, en los últimos meses del año pasado el sector encadenó operaciones de compraventa por más de 5.000 millones de euros, según un informe de E&Y, que sitúa a España entre los países líderes de Europa en número de transacciones. El motivo es, por un lado, la degradación de las empresas renovables los últimos años, que ha provocado que en muchos casos los activos se vendan muy por debajo de su precio e incluso de su rentabilidad.

Hay otra razón más esperanzadora. Las renovables se han hecho fuertes en estos años aciagos y han experimentado un avance sorprendente, llegando en algunos casos a ser igual más baratas que las energías tradicionales sin un coste añadido gracias a los avances tecnológicos. Además, se han desarrollado sistemas que permiten generar energía de fuentes renovables las 24 horas del día sin estar supeditadas al sol o al viento, combinándolas con las plantas de biomasa, lo cual las hace más productivas y, por tanto, más rentables.

Ante este panorama basado -como en la última década- en unas pocas paladas de cal y unas cuantas más de arena, volvemos a la pregunta inicial: ¿podrá España superar ese 4% y cumplir con los objetivos de 2020? La respuesta tiene una doble vertiente. Si dependiera de las políticas del congreso, lo tendríamos complicado: la última propuesta del PSOE ha sido admitida por la comisión de Hacienda del Congreso y consiste en bonificar la producción nacional de carbón. «Es una ayuda encubierta que producirá un claro perjuicio a la competitividad de las energías renovables y, por lo tanto, es contraria a los compromisos internacionales asumidos por España de lucha contra el cambio climático», advierten desde la Fundación Renovables.

La esperanza queda, por tanto, en la propia industria de las energías limpias. Solo si mantiene este ritmo alcista, no solo de las inversiones, también de la tecnología, podremos contemplar el porcentaje del 20% como una posibilidad real.