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La pasión de Trump por el petróleo

Trump ha firmado una orden ejecutiva que da luz verde a perforaciones en áreas de los océanos Atlántico y Pacífico declaradas como protegidas.

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16
mayo
2017
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La semana pasada, una coalición de grupos ecologistas demandó a la administración Trump por su afán en expandir las perforaciones de petróleo offshore, alegando que dichas acciones violan la autoridad legal del presidente, amenazan la vida de un buen número de especímenes marinos y ponen en peligro las industrias de pesca y turismo.

La demanda, presentada en una corte federal en Alaska, llegaba pocos días después de que el presidente Trump firmara una orden ejecutiva que da luz verde al comienzo de perforaciones en los océanos Atlántico y Pacífico. La política pondría miles de millones de metros cuadrados de aguas federales a disposición de leasing de petróleo y gas, justo meses después de que el presidente Barak Obama dejara dichas áreas fuera de posibles explotaciones industriales.

En una firma que tuvo lugar en la sala Roosevelt, Trump enfatizó que Estados Unidos dispone de abundantes reservas offshore de petróleo y gas, y dejó clara su intención: «Vamos a liberalizarlas», dijo, según se hacía eco el diario The Washington Post.

La demanda argumenta que la orden ejecutiva de Trump excede su autoridad constitucional y estatutaria. Expone que Obama usó su mando bajo las Actas de Tierras Fuera de la Plataforma Continental para terminar de manera permanente con las perforaciones en buena parte del Ártico y zonas clave del Atlántico. Y afirma también que ningún otro presidente antes había deshecho o dado marcha atrás en una decisión de este calibre. «La ley no autoriza al presidente a reabrir áreas que ya han sido cerradas».

«Las protecciones permanentes que el presidente Obama estableció para los océanos Ártico y Atlántico se lograron tras años de investigación, persuasión política y organización», afirma en un comunicado Gene Karpinski, presidente de la Liga de Votantes para la Conservación (LCV). Hasta la fecha de la demanda, su organización no había presentado nunca antes un requerimiento legal. «Las perforaciones offshore y las amenazas de posibles derrames petrolíferos devastadores que conllevan ponen en riesgo tanto las economías costeras como el entorno natural y las distintas formas de vida. Ahora, el presidente Trump está intentando liquidar los avances logrados en términos de medio ambiente y no estamos dispuestos a asumirlo sin pelearlo antes».

Jamie Rappaport Clark, presidente del grupo Defensores de la Fauna, alega que esta decisión de Trump es un ejemplo del «enfoque decidido que tiene sobre la extracción de combustible fósil a toda costa». «Exponer un ecosistema tan sensible como el de los océanos Ártico y Atlántico al riesgo de derrames de petróleo catastróficos es como jugar a la ruleta con las costas, la fauna, los pájaros y los peces de nuestra nación. Además, es manifiestamente ilegal», ha afirmado Clark en un comunicado. «Ningún presidente antes había intentado deshacer la decisión de un presidente anterior -llevada a cabo bajo la autoridad específica concedida por el Congreso- de proteger estas aguas offshore ecológicamente sensibles de los riesgos inherentes que conllevan las actividades de perforación. No podemos usar el petróleo que yace bajo estas aguas si queremos llegar a alcanzar los compromisos de nuestra nación para hacer frente al cambio climático».

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Entre los grupos que se han sumado a esta demanda se encuentran también Greenpeace, el Club Sierra, el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, el Centro para la Diversidad Biológica, la Liga de la Naturaleza de Alaska y la Sociedad de la Naturaleza. El mismo día que se presentó dicha demanda, un ejecutivo de la Casa Blanca dijo que la administración confía en que «la decisión de sentido común del presidente Trump, para darle un empujón a nuestro sector energético, será justificada en el proceso judicial».

Hasta los ejecutivos de la administración Trump han admitido que rescribir los planes de concesión y apertura de perforación de las áreas del Ártico y el Atlántico llevará un par de años. Y si los precios globales del petróleo continúan siendo bajos, los inversores se podrían desanimar a la hora de invertir a corto plazo en perforaciones offshore, a pesar de los esfuerzos del gobierno por hacer que estas zonas sean más elegibles para el desarrollo. La administración y los partidarios del enfoque del presidente han rebatido la futura demanda del petróleo y sus precios inciertos, y alegan que el país debe mantener abierta la opción de las perforaciones offshore. El vicepresidente Pence ha descrito la orden ejecutiva como «un paso importante hacia la independencia energética de América» que generará más puestos de trabajo en Estados Unidos.

La demanda marca los últimos esfuerzos de los activistas por desafiar en las cortes las políticas de energía y medio ambiente de la administración Trump. Grupos como Earthjustice, por ejemplo, han presentado también demandas contra la orden del presidente de aprobar los proyectos de dos oleoductos, así como contra una orden destinada a abrir decenas de miles de metros cuadrados de tierras públicas para leasing de carbón. También reivindican la regulación de las emisiones de carbono de las plantas energéticas que emprendió Obama.

El mismo día que se interpuso esta demanda de las perforaciones offshore, el Club Sierra y otras organizaciones demandaron al jefe de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés) debido a una decisión para frenar una regulación de la era Obama destinada a limitar el desecho de las plantas de energía nacionales de metales tóxicos (como el arsénico y el mercurio) a vías fluviales.

A partir de 2018, se supone que las plantas energéticas deberían empezar a mostrar que usan la tecnología más puntera para deshacerse de metales pesados (plomo, arsénico, mercurio y otras sustancias contaminantes) de sus aguas residuales. Pero el mes pasado, Scott Pruitt, administrador de la EPA, anunció que la agencia pospondrá la fecha tope del cumplimiento de dichas regulaciones mientras considera la medida, decisión que a la que también se le ha plantado cara en una corte federal.

«Estos estándares habrían abordado la principal fuente de contaminación de aguas tóxicas en el país y ahora Trump está intentando arrojarlas por la borda. Es indefendible», afirma en un comunicado Pete Harrison, abogado para la Alianza Waterkeeper.

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