Delitos económicos ‘made in Spain’

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Los delitos tipificados como estafas han vivido en los últimos años un incremento del 40%

Un 33% de los ejecutivos reconoce haber sufrido más de diez delitos económicos en su organización en los últimos 24 meses

La apropiación indebida es el más común: en un 70% de los casos se refieren a este tipo penal

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La crisis, entre muchas de sus consecuencias devastadoras, ha arrastrado otra que ya predijeron en su día muchos especialistas: el auge de los delitos económicos. Según datos policiales, los tipificados como estafas han vivido en los últimos años un incremento importante de en torno al 40%. En la edición de 2016 de la Encuesta sobre fraude y delito económico en las organizaciones empresariales que elabora cada año la consultora PwC, más de la mitad de los ejecutivos y directivos preguntados afirmó que en los últimos 24 meses su compañía había sufrido algún tipo de delito económico, un 16% por encima de la media europea. «Pese al esfuerzo regulatorio, las medidas de prevención y detección y el esfuerzo por parte de los profesionales, el fraude empresarial sigue presente prácticamente en todas las industrias y regiones», dicen los responsables del informe.

La encuesta también alumbra que un 33% de los participantes ha indicado haber sufrido más de diez delitos económicos en su organización en los últimos dos años, un dato inferior al obtenido en la consulta de 2014, que estaba en torno a un 40%. «Este elevado número de incidencias detectadas se debe también a la creciente preocupación y concienciación de las organizaciones por el impacto del fraude. El efecto de las normativas gubernamentales ha sido que un alto porcentaje de las compañías tiene implantado ya un programa formal de ética empresarial y cumplimiento normativo, lo cual contribuye favorablemente a la prevención y detección de este tipo de delitos, así como las conductas irregulares», informan los portavoces, y añaden: «Por tanto, los datos obtenidos muestran dos conclusiones muy positivas: la existencia de una creciente preocupación en las organizaciones por el fraude económico, y una mayor implantación y efectividad de las medidas de detección».

Viene de lejos

Las actividades fraudulentas tienen historia en nuestro país. A mediados del siglo XIX, la hija del escritor y periodista Mariano José de Larra fue la precursora de la conocida como estafa piramidal, que perfeccionó a principios del siglo pasado Carlo Ponzi (y que ahora lleva su nombre): paga los intereses de unos inversores con el dinero de otros inversores.

El primer caso sonado en nuestro país sucedió en la década de los noventa: el grupo Torras, que pertenecía casi en su totalidad del grupo inversor kuwaití KIO, presentó suspensión de pagos alegando un pasivo superior a los 240.000 millones de pesetas, unos 1.400 millones de euros al cambio. Algunos de sus gestores, entre ellos Javier de la Rosa y directivos de la compañía, fueron condenados por estafa y apropiación indebida, ya que sus fraudulentas actividades afectaron a más de 30.000 empleos directos y a cerca de 100.000 indirectos. En esa época también era condenado el entonces presidente de Banesto, Mario Conde, a 20 años de cárcel por varios delitos, entre ellos del de apropiación indebida de millones de pesetas que él era responsable de administrar, lo que causó un agujero en la entidad financiera que aumentaba al mismo ritmo que se hinchaban sus cuentas en Suiza.

A principios de este siglo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) detectó que la agencia de valores Gescartera sufría pérdidas unos 100 millones de euros. Esta alerta inició una investigación de la Audiencia Nacional que culminó en 2008 con el presidente de la compañía, Antonio Camacho, condenado a 11 años de cárcel por falsedad documental y apropiación indebida. Y los peritos del Banco de España alertaron en 2014 de que Bankia había maquillado sus datos para salir a bolsa.

Los delitos económicos no se limitan al sector financiero. Tal y como dicen en PwC, están presentes «en prácticamente todos los ámbitos industriales». Lo demuestra el caso de Pescanova: en 2013, un informe de la consultora KPMG destapó que la compañía había alterado sus cuentas durante años para ocultar sus pérdidas. Por su parte, los seis hijos del malogrado José María Ruiz-Mateos están sentados en el banquillo por una presunta estafa de 13,9 millones de euros, que incluiría delito de alzamiento de bienes y societario. La excúpula directiva al completo de Abengoa, multinacional española dedicada a la energía y el miedo ambiente, se sienta este año ante el juez por presuntos cobros de indemnizaciones millonarias que no les correspondían.

Todos los casos enunciados tienen un delito en común: el de apropiación indebida. Precisamente, el más, tristemente, popular en la encuesta de PwC: casi el 70% de quienes afirmaron haber sufrido algún delito económico en los últimos 24 meses se refirieron a este tipo penal. Curiosamente, el cibercrimen ocupa el segundo lugar, por delante de soborno y corrupción o blanqueo de capitales. «Son nuevas amenazas que afectan a todas las organizaciones, como consecuencia de la vertiginosa rapidez con la que evoluciona la tecnología y la dificultad de las empresas en encontrar el equilibrio entre la oportunidad y el riesgo que conlleva», dicen los autores del informe, y advierten de este doble filo: «La tecnología es el factor disruptivo principal que impulsará la transformación de nuestras empresas en los próximos cinco años, pero precisamente la velocidad de los cambios tecnológicos es también la principal amenaza».


COMENTARIOS

  1. Los delitos económicos que más daño hace son el paco de comisiones -llámese OHL, llámese Indra- a políticos. Empresarios corruptores, políticos corrompidos.


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