Diversidad

4 historias de muros infranqueables

Aunque la ley exige accesibilidad universal para finales de este año, la mayoría de personas con discapacidad sigue encontrando barreras para moverse en el día a día.

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31
enero
2017

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La línea 1 de metro de Madrid es una de las más concurridas. Recorre la ciudad de sur a norte, y es la principal arteria de la movilidad capitalina. El junio pasado, la Consejería de Transportes la cerró, durante 133 días, para obras de mejora. Cuando reabrió sus puertas, los túneles habían sido aseados y adecentados. Pero las personas con movilidad reducida se encontraron con los mismos problemas de siempre para acceder a ellos.

Juan Luis Marfil, un granadino con una discapacidad del 96% producida por una parálisis cerebral, recorrió el pasado año los 800 kilómetros del Camino de Santiago en silla de ruedas. El motivo de tan descomunal empresa era reivindicar mayor accesibilidad para los que están en su situación. No pretendía que los senderos de la ruta jacobea se adaptaran, sino servir de reclamo para su proyecto de crowfunding Camino sin límites, por el que él y su hermano quieren financiar al acondicionamiento caminos de todo el país para que las personas con movilidad reducida puedan practicar senderismo.

Son dos historias actuales cogidas al azar, que demuestran el déficit de accesibilidad que sufren nuestro país quienes tienen alguna discapacidad: dos millones y medio, según datos del Imserso. Cada día, para ellos, es una carrera de obstáculos. En sentido literal. En mayo de 2015, el Gobierno aprobó un Real Decreto Legislativo que fijaba la fecha de 4 de diciembre para que en España exista el acceso universal de discapacitados. El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo, ya mostró hace unos días su convicción de que no se cumplirá el plazo. «No hay tiempo para lograr que todos los entornos arquitectónicos, urbanísticos, las telecomunicaciones, la sociedad digital, los transportes, las infraestructuras, las relaciones con las Administraciones, los bienes y servicios a disposición del público y los procesos electorales sean accesibles antes de que termine el año», dijo a la agencia Efe. El Gobierno fue demasiado optimista, porque muchas de las barreras siguen ahí.

1. El transporte público

Las 185.560 personas con discapacidad de Madrid (según la Consejería de Asuntos Sociales) también pagan sus impuestos. Pero ni uno de los 70 millones de euros que ha destinado la Comunidad para reacondicionar 25 estaciones estaba destinado a ellos. Permanecen las mismas barreras de siempre. El caso de la capital es significativo, pero no el único. El Cataluña, por ejemplo, más de la mitad de los trenes de cercanías son inaccesibles. Algo injustificable si tenemos en cuenta que Renfe Operadora es un entidad pública que gestiona en monopolio toda la red ferroviaria en España. Las miles de personas con discapacidad que tienen que buscar alternativas para ir a trabajar cada mañana también la financian con sus impuestos. Pero la dejadez no solo está en lo público: el año pasado, Ryanair prohibió a un viajero inglés subir a uno de sus aviones por tener las piernas amputadas debido a una sepsis. Poco después hizo lo mismo con el español Javier García Pajares, sordociego. El motivo: le exigían reservar otro pasaje para que viajara con acompañante.

2. Internet

No todas las barreras son físicas. En este caso, están compuestas por ceros y unos. Las Administraciones públicas están obligadas por ley, desde 2009, a adaptar sus páginas web a usuarios con limitaciones físicas. El malagueño José Miguel Moreno, con una discapacidad de 89%, elaboró un estudio independiente para denunciar la situación. En 66 de las entidades analizadas, que incluían varios Ayuntamientos, el Senado, la Guardia Civil, Iberia o la propia Renfe, entre otras, los criterios de accesibilidad no se cumplían o solo lo hacían parcialmente. El hecho se denunció hace dos años, y algunas de estas entidades han hecho mejoras en sus páginas web. El problema es que la iniciativa no vino dada por un mero sentimiento de justicia o, al menos, por atenerse a la legalidad. Sino por evitar las consecuentes sanciones.

3. La calle

Hace unos meses, una reportera del diario El Español, que no sufría ningún tipo de discapacidad, pasó un día entero recorriendo Madrid en silla de ruedas para contarlo. Su resumen fue claro: «Me he sentido como en una ratonera». Madrid, especialmente el centro, no es una ciudad fácil de transitar, ni siquiera por personas en plenas facultades, aunque eso es un problema histórica: las concepción de sus calles, estrechas y tumultuosas, no ayuda. Pero algunas acciones públicas sí podrían mejorar la situación. Por ejemplo, con el rebaje de aceras o las supresión de muchos de los pivotes. O restringir más los estacionamientos de coches en doble fila, que sí constituyen auténticos muros para quienes se mueven en silla de ruedas. Y, por supuesto, supervisar el buen estado de las aceras, plagadas de baches y socavones difícilmente sorteables para quien no tiene movilidad absoluta sobre sus dos pies. Una vez más, Madrid sirve de ejemplo paradigmático, pero por desgracia no es el único caso. La situación se repite en cada ciudad de nuestra geografía, como en Murcia: hace unos días, vecinos del barrio de La Concepción denunciaron al Ayuntamiento que sus calles eran prácticamente intransitables para personas mayores o con alguna discapacidad, debido al terrible estado de sus aceras y a su gran desnivel respecto al asfalto.

4. El hogar

El 70% de los edificios en España tiene barreras arquitectónicas. Lo denunció, hace un año, el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid). «Carecen de aquellas medidas que resultan necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal, como son la instalación de rampas, ascensores y dispositivos electrónicos o mecánicos que favorezcan la orientación o comunicación con su exterior. También deben entenderse como tales las obras necesarias para ensanchar las puertas de la comunidad y no sólo de entrada al edificio o la adecuación del ascensor», explica un portavoz de esa institución. Esta situación condena a miles de personas con discapacidad a «vivir presos en sus casas», denuncia la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe). En total son 1,2 millones los hogares en los que viven personas con movilidad reducida. La inmensa mayoría sufre algún tipo de barreras. Una prueba más de que cumplir con la accesibilidad universal que exige el Real Decreto Legislativo para finales de este año es, por el momento, una utopía.

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