Qatar 2022, la sombra de la explotación

La apatía del Gobierno de Qatar y la indiferencia de la FIFA han convertido los preparativos del Mundial de Fútbol 2022 en una terrible galería de abusos y explotación contra los trabajadores migrantes que construyen las infraestructuras deportivas. Este escenario de grave violación de derechos humanos y laborales crea la necesidad de reclamar un plan integral de reformas para que Qatar 2022 no se asiente sobre la sangre, sudor y lágrimas del colectivo migrante.

Con el telón de fondo de 1,7 millones de trabajadores extranjeros (más del 90% de la mano de obra en el emirato), la preparación de la cita balompédica se ha convertido en un escaparate de abusos sistemáticos: comisiones de contratación abusivas en los países de origen, engaños sobre el tipo de empleo, retrasos en el cobro de salario, hacinamiento en alojamientos precarios, confiscación del pasaporte, y hasta algunos casos de trabajo forzado, según el informe El lado espantoso de un hermoso juego de AI.

La investigación se centra en la explotación a trabajadores migrantes en una destacada sede –albergará una semifinal– de Qatar 2022: el Estadio Internacional Jalifa. Y abarca también al circundante complejo deportivo Aspire Zone, adonde ya han acudido importantes clubes como Bayern Múnich y París Saint Germain para utilizar su centro formativo Aspire Academy y sus instalaciones médicas Aspetar.

Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, subraya el escandaloso contraste entre los «futbolistas de máxima categoría que jugarán en ese estadio» (la FIFA ingresó 1.800 millones de euros en 2014) y los «trabajadores migrantes, endeudados, viviendo en precarios campos en el desierto y cobrando una miseria». Los últimos cobran un salario medio de solo 200 euros al mes. «Lo único que necesitan los trabajadores son sus derechos: cobrar puntualmente, poder salir del país si surge la necesidad y recibir un trato digno y respetuoso».

Nada que ver con su realidad cotidiana, en la que la explotación llega a adquirir perfiles inhumanos. A algunos trabajadores nepalíes ni siquiera se les permitió visitar a sus familiares tras el terremoto de abril de 2015 que asoló su país y dejó miles de muertos y millones de desplazados. Como apunta Shetty, «para jugadores y aficionados, un estadio donde va a jugarse la Copa del Mundo es un lugar para soñar. En cambio, para algunos trabajadores puede llegar a ser una verdadera pesadilla».

Lo es para el obrero metalúrgico nepalí Prem: «Cada día estoy en tensión, no consigo conciliar el sueño. Es una tortura para mí». Por culpa de los retrasos en el cobro de su salario, cuenta, «mi familia se ha quedado sin techo y a dos de mis hijos pequeños los han sacado de la escuela». Y lo es para Sakib, jardinero de Bangladesh que tiene que devolver un crédito de 3.600 euros a un agente de contratación: «Hay días en los que no puedo seguir adelante, todo se me hace demasiado. Lo único que me mantiene vivo es pensar en mis hijos».

Tras repetidas denuncias, ha habido pequeñas mejoras en el pago de salarios, condiciones de alojamiento, seguridad en las obras, inspección de trabajo, regulación de agencias de contratación y acceso a la justicia de víctimas de abuso laboral. Pero quedan lejos de los objetivos marcados y no abordan las causas fundamentales de la explotación sistemática. En la práctica, los abusos laborales siguen siendo generalizados y abrumadores, y dejan a los trabajadores y trabajadoras migrantes ‘atrapados’ como a «Deepak» (nombre cambiado para proteger su identidad), obrero nepalí que siente «mi vida aquí como estar en una cárcel: el trabajo es duro, trabajamos muchas horas bajo un sol abrasador», y que no tiene opción ante la amenaza de su empresa: «Si quieres quedarte en Qatar, cierra la boca y sigue trabajando».

A solo meses de que la actividad de construcción para Qatar 2022 toque techo en 2017 (la mano de obra se multiplicará por diez hasta alcanzar las 36.000 personas), Amnistía Internacional insiste en la urgencia de un plan integral de reformas. Empezando por el sistema de patrocinio, para que los empleadores no puedan impedir a los trabajadores cambiar de trabajo o abandonar el país; siguiendo por la investigación a fondo de las condiciones de trabajo, y acabando con la imposición de sanciones estrictas a las empresas que cometan abusos.

La propia FIFA debería realizar inspecciones laborales independientes, publicar sus resultados y plantear medidas para acabar con los abusos. Y el Gobierno qatarí, remacha Mustafa Qadri, investigador de AI sobre los derechos de las personas migrantes en el golfo Pérsico, debería comprometerse con las reformas en vez de «intentar amordazar a quienes documentan las condiciones de los trabajadores migrantes» deteniendo e interrogando a periodistas y trabajadores de derechos humanos que investigan esa explotación laboral.

Manu Mediavilla es colaborador de Amnistía Internacional.