Cuando el gobierno es el verdugo

Al menos 151 personas fueron ejecutadas a manos de las autoridades saudíes en 2015, la cifra más alta registrada en este país desde 1995, lo que significa una media de una persona ejecutada cada dos días, según datos facilitados por Amnistía Internacional. Prácticamente la mitad de esas ejecuciones correspondieron a delitos que incumplen el criterio de ‘los más graves’.

Uno de esos delitos considerados ‘de los más graves’ en Arabia Saudí son los relacionados con drogas y la inmensa mayoría de las personas ejecutadas por ello son trabajadores migrantes de países en desarrollo, especialmente vulnerables porque normalmente no saben árabe y no disponen de servicios adecuados de traducción durante el juicio.

En su informe Killing in the Name of Justice: The death penalty in Saudi Arabia, Amnistía Internacional denuncia que en Arabia Saudí se impone la pena capital por delitos sin resultado de muerte y en juicios que carecen de las garantías procesales que exige la ley internacional de derechos humanos.

En febrero de 2014, las autoridades saudíes promulgaron una nueva ley antiterrorista, utilizada contra defensores de los derechos humanos y activistas para imponerles largas condenas de prisión e incluso de muerte. Las mayoría de estos juicios han tenido lugar ante el Tribunal Penal Especial, cuya competencia es imprecisa y cuyos procedimientos están rodeados de secretos. Uno de los ejemplos que sigue conmocionando al mundo es el caso de tres jóvenes chiíes cuya ejecución puede llevarse a cabo en cualquier momento.

Los activistas Ali Mohammed Baqir al-Nimr, Abdullah al Zaher y Dawood Hussein al Maroon participaron en las protestas en la Provincia Oriental de Arabia Saudí de 2011 para pedir reformas políticas. Los jóvenes fueron detenidos en varias ocasiones durante 2012, cuando tenían menos de 18 años. El tribunal de apelaciones y el Tribunal Supremo de Arabia Saudí confirmaron sus condenas a muerte el año pasado y fueron recluidos en régimen de aislamiento en la prisión de Al Hair de Riad el 5 de octubre.

El juicio se basó en confesiones extraídas mediante tortura. Según explican los jóvenes, les negaron sus derechos a reunirse con su abogado y a apelar contra la condena a muerte. El artículo 37.a de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, que es vinculante jurídicamente para Arabia Saudí, establece claramente que «no se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad».

El padre de Ali, Mohammed al-Nimr publicó un manifiesto el pasado 20 de octubre para que su hijo fuera liberado: «Pregunté una y otra vez sobre la legitimidad de semejante condena en los convenios y tratados internacionales firmados por mi país. ¿Acaso permiten estos tratados que las personas sean arrestadas por opinar de forma diferente? ¿Autorizan estos instrumentos que se atropelle a niños con vehículos blindados». Mohammed ha escogido el camino del trabajo social y el activismo para luchar contra la injusticia. «[Mi hijo] es una víctima de políticas dementes y del sectarismo. Ya es hora de que esta discriminación cese de forma definitiva en nuestra querida y amada patria».

Sheikh Nimr al Nimr, tío de Ali Mohammed Baqir al-Nimr y clérigo chií, fue ejecutado el pasado 2 de enero junto a otras 47 personas por criticar abiertamente al gobierno. Philip Luther, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional asegura que «las autoridades de Arabia Saudí han indicado que las ejecuciones se llevaron a cabo para combatir el terrorismo y salvaguardar la seguridad. Sin embargo, la ejecución de Sheikh Nimr al Nimr en particular sugiere que también utilizan la pena de muerte en nombre de la lucha antiterrorista para saldar cuentas pendientes y aplastar la disidencia».