Iniciativas ciudadanas para reparar la democracia

La pasividad en las acciones políticas para luchar contra la corrupción y la falta de transparencia han propiciado iniciativas de la sociedad civil

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Regeneración. Es, posiblemente, la palabra más repetida cada vez que se inicia un debate sobre la situación política actual. La desafección de los ciudadanos con las instituciones avanza exponencialmente, espoleada por la crisis y, ahora en mayor medida, por los innumerables casos de corrupción que asuelan los informativos día tras día. Las cifras, sin duda, son alarmantes: solo en el ámbito municipal, actualmente se encuentran más de 800 Ayuntamientos incursos en uno o más procesos judiciales. Esto significa un 10% del total en España, y nada apunta a que la tendencia vaya a disminuir.

La parsimonia en las acciones políticas para luchar contra la corrupción y la falta de transparencia, que transmiten una sensación de absoluta indolencia, han propiciado multitud de acciones paralelas por parte de la sociedad para enderezar nuestra estructura institucional: son las iniciativas ciudadanas, cada vez más numerosas e implicadas, en las que descansa ahora la esperanza de que algo cambie. El caso más paradigmático fue el del Movimiento 15 M (o de los indignados), que orquestó las mayores movilizaciones que hemos visto en democracia. De aquellas iniciativas, que tal vez erró en una excesiva atomización de las reivindicaciones (cambio de la ley electoral, transparencia en las instituciones, no a los recortes en servicios sociales, etc.) surgieron después numerosos focos asamblearios y temáticos que concretaban más sus propuestas.

La consecuencia más palpable de este movimiento fue el surgimiento del partido político Podemos, que ha arrastrado esa desafección y hartazgo social a las urnas europeas, y de momento todas las encuestas anticipan un éxito similar e incluso superior en las próximas autonómicas y generales. Tanto el Movimiento 15 M como sus derivaciones posteriores tienen una ideología explícita de izquierdas (aunque, sobre todo al principio, lograron congregar a adeptos de todos los colores), pero no es la izquierda el único motor de las iniciativas al margen de las instituciones oficiales.

Algunas asociaciones, como el Foro de la Sociedad Civil, que opera desde 2008, se declaran abiertamente liberales, en el sentido más económico del término, si bien abogan por soluciones pragmáticas para lograr esa regeneración política e institucional tan necesaria. “Apoyamos ahora nuestra actuación en tres pilares: reforma de la ley electoral, para que sea mayoritaria en lugar de proporcional, eliminación de las subvenciones públicas a los partidos políticos y, por ende, a sindicatos y patronales, y reforma del sistema de pensiones para fomentar el ahorro y la inversión en planes privados, así como garantizar una pensión mínima a los más desfavorecidos”, aclara su presidente, Ignacio Camuñas. “Soy empresario, tengo claro que para vender una idea hay que ir al grano y simplificar al máximo el mensaje”, aclara. Para sus propuestas se inspiran “en los países más democráticos del mundo actual, como Suecia, Reino Unido, Francia o Estados Unidos”. La composición de esta asociación es heterogénea, y tiene un perfil claramente técnico: abogados, catedráticos en diversas materias, empresarios… Dentro de su labor elaboran propuestas de ley, organizan foros, informes y debates y cualquier acción que vaya en caminada a lo que ellos llaman su misión: “Promover el debate de ideas entre personas comprometidas con la defensa de la libertad individual, los principios éticos del humanismo europeo, el respeto a las leyes, y la transparencia y control de la función pública, para generar corrientes de opinión independientes  que influyan en el debate público con el fin de procurar que la acción política en España tenga en cuenta los intereses y anhelos de la sociedad civil”.

Existen otras iniciativas globales con sede en España, como es el caso de Transparencia Internacional. Cuenta con más de 100 delegaciones por todo el mundo (el comité directivo de nuestro país está presidido por el abogado Antonio Garrigues Walker) y fundamentalmente elabora índices que miden el nivel de transparencia de las instituciones públicas. Curiosamente, España ha mejorado ligeramente en el último Índice de Percepción de la Corrupción 2014, quedando en el puesto 37 de 175 países. Según los responsables de TI, probablemente se debe a que ahora en España “la corrupción ya no se oculta, es un tema de debate abierto en la sociedad y salen propuestas para mejorar”. El informe anual de TI se basa en opiniones de expertos sobre la corrupción en el sector público.

Otra iniciativa ciudadana que aboga por un cambio en la ley electoral es +Democracia, con un mensaje claramente apolítico: se definen como una asociación que une a personas comprometidas con la sociedad, desde la máxima pluralidad social e ideológica, para mejorar la democracia. “No podemos quedarnos en grandes palabras o textos articulados que no son efectivos en un par de años. Lo nuestro es un planteamiento conceptual”, dice Jordi Sevilla, uno de sus socios fundadores y exministro de Administraciones Públicas. “La democracia está bloqueada, vivimos en realidad una preocupante partitocracia”, denuncia, y añade: “Una buena parte de contrataciones públicas, el sistema de financiación de partidos o la forma de combatir la corrupción han llegado a un nudo gordiano que hay que deshacer”. El abogado Javier Cremades, otro de los socios fundadores y miembro de la junta directiva, además de presidente fundador del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, pone el foco de su actuación en lograr “una mayor transparencia, desde los partidos hasta el poder judicial”. Según el letrado, el peligro de la actual desafección ciudadana “es el auge de los populismos y de nuevas opciones políticas que pueden subvertir la democracia”. Otra de sus mayores preocupaciones es la falta de renovación en la clase política, germen de la poca transparencia en las instituciones. Lo aclara con una frase de Aristóteles: “El poder tiende a perpetuarse y a corromperse. Eso es lo que debemos combatir”, remata.

Probablemente, la asociación ciudadana más centrada en la corrupción es Accors (asociación contra la corrupción y por la regeneración social), que nació hace poco más de un año. Su presidenta, María Elena Vicente Rodríguez es, además, subdirectora técnica del departamento de Empresas Estatales del Tribunal de Cuentas, y preside también el sindicato de funcionarios Fedeca. “Surgió porque teníamos unas reuniones, unas tertulias, nos empezaron a inquietar los casos de corrupción”, cuenta Rodríguez, “pero además de quejarnos y criticarlo éramos personas que podíamos hacer algo más. Sobre todo porque teníamos la voluntad de hacer lo posible para pelear contra la corrupción y provocar una regeneración social”. En su corta vida han elaborado numerosos informes y decálogos, pero posiblemente su función más valiosa (y valiente) sea la de articular denuncias cuando en algún estamento público se detecta una actuación irregular. “No podemos pedir a los funcionarios de una Administración que sean Juana de Arco, y es normal que no se atrevan a denunciar un caso de corrupción cuando lo ven; por eso nosotros recogemos su denuncia y trasladamos esos indicios a la Fiscalía para que investigue y, si lo ve procedente, lo convierta en una querella”.

Rodríguez opina que la iniciativa ciudadana “ante la inacción de los poderes públicos” es más necesaria hoy que nunca, pero considera que no hay que dejar caer todo el peso de la regeneración en la clase política. “También llevamos acciones de concienciación ciudadana, porque la regeneración empieza por nosotros mismos. Desastres como la burbuja inmobiliaria tuvieron mucho que ver con actitudes individuales de pagos en negro, un dinero que al final ha enriquecido a las inmobiliarias y que tenía que haber ido a las arcas del Estado con fines públicos”, advierte.


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