Europa puede hacer más

El pasado 23 de octubre, los líderes europeos alcanzaron una posición común cara a la negociación internacional sobre cambio climático, que debería culminar en diciembre de 2015, en la Cumbre de París: un 40% de reducción de emisiones de CO2 en 2030 respecto del nivel de 1990, un porcentaje del 27% de energías renovables en el consumo de energía a escala europea, y un objetivo indicativo de un aumento del 27% de la eficiencia energética.

Se trataba así de contribuir al avance hacia un acuerdo que comprometa a todos los países –a cada uno según su capacidad y su responsabilidad–, para evitar que la temperatura media del planeta se eleve más de 2 grados a lo largo de este siglo. Los científicos advierten, cada vez con mayores evidencias, de las dramáticas consecuencias de un calentamiento global que supere dicho límite.

La UE ha vuelto a autoimponerse -al menos aparentemente- objetivos más ambiciosos que los hasta ahora aceptados por otros países. En 1997, en el marco del protocolo de Kioto, la UE se comprometió a reducir en 2012 en un 8% sus emisiones de CO2 respecto al nivel de 1990, frente al 5% comprometido por el resto de los países firmantes. Los datos definitivos de 2012 confirman que la evolución en la UE, en su conjunto, ha sido mucho más satisfactoria: la disminución ha sido del 19%. Y aunque la crisis y la consiguiente menor actividad económica han propiciado dicha evolución, está demostrado que el éxito se ha debido, sobre todo, al progreso de las energías renovables y de la eficiencia energética.

De hecho, la UE está ya muy cerca de alcanzar el objetivo de reducción de emisiones –un 20% respecto del nivel de 1990–, que se había marcado para 2020. Precisamente por eso la decisión adoptada en el citado Consejo Europeo puede parecer ambiciosa respecto de los escasos compromisos oficiales anunciados hasta ahora por parte de otros países, pero es muy insuficiente respecto de la capacidad ya demostrada en el conjunto de la UE. Lo lógico hubiera sido revisar al alza el objetivo de 2020 -ya que apenas hubiera supuesto un esfuerzo adicional para los países miembros- y, además, plantear objetivos bastante más ambiciosos para 2030: en particular, en lo relativo al peso de las energías renovables, fijando objetivos específicos para cada país, así como un objetivo más alto en materia de eficiencia energética, vinculante y no sólo indicativo.

Lo que subyace son las profundas discrepancias entre los países miembros, fruto de sus respectivas opciones en materia energética. Algunos gobiernos aceptarían incluso objetivos más ambiciosos a escala UE en cuanto a la reducción global de emisiones, pero se niegan a asumir un mayor porcentaje, obligatorio e individualizado, en el uso de energías renovables, con argumentos que van desde la defensa de la energía nuclear y del carbón limpio (?) como alternativa baja en CO2 ( es el caso del Reino Unido y de Polonia) a las dificultades derivadas de la escasa interconexión de la electricidad y el gas entre países limítrofes (es el caso de España y de Portugal).

Por ello, el Consejo Europeo ha intentado alcanzar un acuerdo muy por debajo de la verdadera capacidad global de la UE , con el objetivo de satisfacer a todos, prometiendo incluso elevadas cuantías de  financiación comunitaria para garantizar el aumento de las interconexiones así como para » compensar» los costes de la transición energética a los países, como Polonia, con importantes reservas de carbón, y renunciando, por tanto, a un mayor liderazgo a escala internacional.

Lamentablemente, es posible que durante los próximos años, cruciales para frenar el calentamiento global, algunos países europeos puedan esgrimir que no cumplen con el necesario incremento en el uso de energías renovables porque no consideran suficientes los recursos  europeos que reciban como contrapartida, conforme al citado acuerdo.

Un resultado, por tanto, decepcionante. Sobre todo si se amplía la mirada a lo que sucede en el resto del mundo, donde, incluso sin acuerdos nacionales o regionales vinculantes, se están adoptando iniciativas en la lucha contra el cambio climático inimaginables hace poco tiempo, como tuve ocasión de comprobar el pasado 23 de septiembre, cuando el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, convocó en Nueva York a líderes políticos, empresariales y sociales, con el fin de impulsar la negociación internacional sobre el clima , mediante la puesta en común de experiencias ya en curso o de inmediata implementación. Este empeño de demostrar con ejemplos concretos que las medidas para mitigar o para adaptarse al calentamiento global tienen efectos positivos sobre el crecimiento económico y la creación de empleo, pretendía  neutralizar la generalizada creencia de que tales medidas no son posibles en el actual contexto de crisis.

En Nueva York no se trataba, por lo tanto, de diseñar ni de alcanzar acuerdos internacionales, sino de propiciarlos a partir de la evidencia de la viabilidad y oportunidad de compromisos públicos o privados, de ámbito nacional, regional o sectorial.
Mi percepción fue positiva: esta claro que las nuevas tecnologías son cada vez más asequibles, las «viejas» son cada vez menos rentables… Y los ciudadanos son cada vez más conscientes de que el paradigma económico debe cambiar radicalmente para garantizar un progreso duradero y justo.

Lo más impactante en esta Cumbre fue la constatación de que el cambio climático comienza a convertirse en un potente vector de transición económica: 180 inversores institucionales y 650 individuales anunciaron el desplazamiento de 50.000 millones de dólares (de los que más de la mitad corresponden al grupo Rockefeller), desde su actual colocación en empresas de hidrocarburos hacia el sector de las energías renovables. Esta coalición, bautizada como Global Divest/Invest, no responde a impulsos éticos sino a cálculos financieros precisos, como los que subyacen en el informe de Paulson y Bloomberg, dos reputados republicanos,  que mantienen ademas una interesante web – www.riskybusiness.org-, nada negacionista…

Y es que cada vez hay más voces calificadas que defienden un enfoque muy diferente al todavía dominante: lo que es bueno en la lucha contra el cambio climático, es bueno para la economía: ahí esta el último informe redactado por Nicholas Stern para la Global Comission on The Economy and The Climate, Better growth, Better climate, donde se insiste en que los países que antes aprovechen los nichos de actividad relacionados con la mitigación y la adaptación al cambio climático dinamizaran significativamente su economía.

En ese contexto, el acuerdo alcanzado por el Consejo Europeo resulta claramente miope: la economía de la UE, y en particular la de algunos países miembros entre los que se encuentra España, podría beneficiarse de sus ventajas comparativas cara a una transición energética que, con o sin Europa, será una realidad a medio plazo.