Los costes de la fortaleza europea

La Unión Europea se gastó entre 2007 y 2013 cerca de 2.000 millones de euros en blindar sus fronteras, casi tres veces más que lo que empleó en políticas para proteger a refugiados y solicitantes de asilo, 700 millones en el mismo periodo, según pone de manifiesto un informe de Amnistía Internacional.

España se encuentra entre los países europeos con mayor diferencia entre el dinero que destina al control de fronteras y el que usa para atender a los refugiados y asilados. Entre 2007 y 2013 dedicó casi 290 millones de euros a seguridad, frente a los 9 millones que dedicó a mejorar la situación de esos dos colectivos de personas, según ha comprobado Amnistía Internacional (AI).

En el club de los países con más diferencias, además de España, están Grecia, Bulgaria, Italia o Malta. El texto «Europa fortaleza», presentado por Amnistía destaca que las medidas policiales financiadas por los estados miembros deben, en todo caso, respetar los Derechos Humanos. Sin embargo, las prioridades son otras, «se han focalizado en sellar las fronteras más que en las obligaciones humanitarias», explica el informe.

Con este dinero se levantan vallas y muros, se refuerzan los efectivos policiales y sus medios materiales o se contratan servicios de tecnología punta para vigilar los perímetros, pero también se financia la cooperación con países vecinos, como Turquía, Marruecos o Libia, para crear «zonas de contención» de los migrantes en el entorno europeo.

Según explica el informe, la Unión Europea y sus Estados miembros «hacen la vista gorda ante los abusos contra los derechos humanos que sufren las personas refugiadas y migrantes en estos países» a los que se ha «externalizado» el control de fronteras y con los que se han pactado acuerdos para que readmitan a los migrantes interceptados en territorio comunitario, aunque no sean oriundos de allí.

«Los Estados miembros de la UE no pueden eludir su obligación en materia de derechos humanos hacia quienes tratan de entrar en su territorio a base de externalizar su control de la migración a terceros países. Es preciso que tal cooperación termine», sentencia el informe de Amnistía Internacional.

También en España se practican este tipo de devoluciones, como cita la sección de Amnistía Internacional en el país. La organización recuerda que el pasado 6 de febrero, cuando 15 migrantes fallecieron intentando alcanzar a nado la playa ceutí de El Tarajal, y de los 23 que consiguieron llegar a suelo español fueron entregados sobre la marcha a Marruecos sin que mediase proceso de identificación ni se les ofreciese la posibilidad de pedir asilo.

El balance de construir esta ‘Europa fortaleza’ está siendo caro en términos económicos, y fundamentalmente en vidas humanas, con más de 23.000 personas muertas intentando llegar a la UE en la última década y en derechos fundamentales, con prácticas de devoluciones en caliente y expulsiones colectivas.

«Sólo en los primeros seis meses de 2014, más de 200 personas han perdido la vida en el Mediterráneo y el Egeo, y cientos más han desaparecido y se teme que hayan muerto. Muchas eran personas que huían claramente de situaciones de violencia y persecución. La responsabilidad de la muerte de las personas que tratan de llegar a la UE es colectiva«, sentencia Amnistía Internacional.