Cambio Climático

Europa limita las emisiones de CO2 de los coches

El Parlamento Europeo acusa a los fabricantes de automóviles de aprovechar las debilidades del actual sistema de medición para dar cifras de consumo y emisiones muy alejadas de la realidad.

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26
febrero
2014

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El Parlamento Europeo ha acusado a los fabricantes de automóviles de aprovechar las debilidades del actual sistema de medición para dar cifras de consumo y emisiones muy alejadas de las que en realidad se registran bajo las condiciones normales de conducción.

Bruselas acaba de dar luz verde a una ley -aprobada con 499 votos a favor, 107 en contra y 9 abstenciones- que reducirá las emisiones de CO2 de los coches desde los 130g/km previstos para 2015 hasta los 95g/km en 2020.

El texto, que ya ha sido acordado informalmente con los ministros de la UE, también prevé la posibilidad de reducciones adicionales después de esa fecha, así como la introducción de nuevas pruebas que reflejen mejor el nivel de emisiones bajo las condiciones reales de conducción.

El objetivo de los 95g/km de CO2 representa el techo de emisiones medias autorizadas para los vehículos comercializados en la Unión. Los fabricantes que produzcan menos de 1.000 coches anuales estarán exentos. En el caso de que un productor exceda el límite previsto, deberán imponerse sanciones, a menos que el exceso esté compensado por emisiones muy bajas de otros modelos de coche.

Los supercréditos suponen un sistema favorable de ponderación para los coches más limpios dentro de la gama de un mismo fabricante. Éste cálculo podrá aplicarse de 2020 a 2022 (no habrá supercréditos entre 2016 y 2020), aunque limitado a 7,5g/km. En este sentido, un coche que emita menos de 50g/km computará como un vehículo de 2 pasajeros en 2020, de 1,67 pasajeros en 2021 y de 1,33 pasajeros en 2022, hasta que en 2023 cuente como un solo pasajero.

El texto subraya que el nuevo sistema de cálculo de las emisiones desarrollado por la ONU, conocido como procedimiento mundial de ensayo de vehículos ligeros (WLTP, en sus siglas en inglés), debería entrar en vigor cuanto antes. La Comisión Europea ha mostrado su disposición de que sea en 2017.

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